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OTRA VEZ ROSENDO VILLARREAL

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Conrado García Jamin 

De acuerdo con una puntillosa investigación de la periodista Ana Lilia Pérez publicada en la revista Contralínea, entre agosto y octubre de 2003, un grupo de auditores del Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex Petroquímica (PP) descubrió un presunto caso de prevaricato en el pago de 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos por concepto de impuestos en el traslado de dominio de las filiales Cosoleacaque y Pajaritos.

Los 12 funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna de la SFP en PP que reportaron el prevaricato (cuando un abogado incurre en la simulación de una controversia para engañar a la autoridad y manipula la actuación de las dos partes en conflicto) fueron acosados por funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para archivar el expediente y, como se negaron, el titular del OIC en PP, Felipe Barragán Alvidrez, les pidió la renuncia con el argumento de que “no cubrían” el perfil de la institución.Los ex auditores aseguran que por orden de Rosendo Villarreal Dávila, el director de Investigaciones de la SFP, Orlando García Viesca, boletinó a quienes participaron en la fiscalización del proceso que comprobó el prevaricato en el millonario pago.En entrevista, los auditores revelan que la fiscalización a este caso se derivó de la notificación de un empleado de la oficina del abogado genral de Pemex, quien solicitó que revisaran el proceso jurídico.En agosto de 2003, los auditores al mando de Marco Antonio Díaz Tobías, titular de la Unidad de Auditoria, notificaron los resultados de sus investigaciones al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, al subsecretario Rosendo Villareal y a Felipe Barragán. Los ex auditores aseguran que antes de que remitieran sus conclusiones sobre el caso, la SFP les ordenó “archivar” el asunto. Así, dicen, fue la SFP la que “enturbió” el caso en lugar de requerir las aclaraciones necesarias o aplicar medidas correctivas.Al continuar con la indagatoria, Felipe Barragán junto con otro funcionario del OIC, de nombre Juan Carlos Ramos Garibay -quien además estaba sujeto a un proceso de investigación por la misma Unidad de Auditoria-, contrataron a las pasantes de derecho e informática Ariadna Islas Sarabia y María Isabel Ek Hernández para que fabricaran denuncias contra el auditor responsable de la fiscalización, Marco Antonio Díaz, acusándolo de “acoso sexual”. Con este argumento, Barragán lo despidió.Ante el ministerio público ambas mujeres reconocieron posteriormente que Ramos Garibay las instó a presentar la denuncia. Finalmente la autoridad determinó falsedad de declaraciones de éstas y exoneró a Marco Antonio Díaz, pero Felipe Barragán ya había logrado sacarlo de la Contraloría y Romero Ramos cerró y clasificó como “confidencial” el expediente. En anteriores entregas nos referimos a éste caso, es decir, cuando Díaz Tobías denunció dichas irregularidades así como la remoción indebida del personal ante Romero Ramos en diversas ocasiones, y pese a que Romero se comprometió a “investigar personalmente el caso”, omitió la indagatoria.Al paso de los años, los principales protagonistas del supuesto fraude ascendieron como funcionarios públicos: César Nava Vásquez como secretario privado del presidente Felipe Calderón; el titular de la Unidad Jurídica de PP, Juan Agustín López Huesca, como gerente general de Franquicias de Pemex Refinación, y Rafael Beverido Lomelín, quien avaló el pago, fue ratificado en la Dirección de PPQ y Rosendo Villarreal Dávila es Director de Administración de PEMEX y ha acrecentado su fortuna y la de sus hijos con la operación de franquicias gasolineras y servicio de flete para dicha paraestatal a favor de su empresa Transportes Villarreal Berlanga. ROSENDO DE NUEVO El director corporativo de Administración de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila, fue mencionado el 30 de julio del año pasado por el ex tesorero de Pemex Juan Carlos Soriano como el funcionario que autorizó un pago de más de mil 724 millones de pesos al sindicato petrolero de manera ilegal. Soriano, quien fuera abogado general de Pemex, fue inhabilitado por 10 años y multado con 862 millones de pesos, al igual que el exdirector de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, por su presunta responsabilidad en la entrega de ese dinero. Sin embargo, en su declaración ante la Secretaña de la Función Pública Soriano dice que en la autorización del 17 de agosto de 2005 cuenta con la firma de Villarreal y el aval del consejo de administración de Pemex. Rosendo es originario de Saltillo y brincó a la política al ser electo primer alcaide panista de la capital de Coahuila en 1990. Antes trabajó en el Grupo Industrial Saltillo (GIS), gracias a su cuñado, Isidro López del Bosque; desde ese tiempo se le relacionaba con actividades de espionaje en contra de funcionarios, líderes sindicales, trabajadores y movimientos sociales. Algunos datos de su gestión como alcalde pueden localizarse en los libros de mi autoría: “Espías al Rescate de Saltillo” y “Un Espía en el Senado”;  podemos recordar de momento algunos hechos destacados durante su trienio, como que en 1992 hipotecó el teatro García Carrillo y las viejas instalaciones de la empresa Zincamex sin autorización del Congreso del estado. La Contaduría Mayor de Hacienda del Legislativo local emitió la resolución administrativa 005/96, que señalaba la ilegalidad de su conducta, pero se le dio carpetazo al asunto porque en 1996 Manuel López Villarreal, sobrino de Rosendo, ganó la alcaldía y pagó la deuda ilegal en 1999. Realizó cobros ilegales del impuesto predial, endeudó a la ciudad sin autorización del cabildo, reprimió a los grupos marginados, etc.Después de la alcaldía, fue senador de 1994 a 2000; de 2000 a 2003, contralor interno de la Secretaría de la Contraloría y Modemización Administrativa (Secodam) durante la gestión de Francisco Barrio Terrazas, y desde entonces a la fecha es director corporativo de Administración de Pemex. Cuando era legislador, Villarreal insistió en que se investigaran los procesos de desincorporación de paraestatales durante el salinismo, particularmente de una planta de Pemex en el complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. Esta fue adquirida por la familia de Rogelio Montemayor Seguy, quien en 1993 le ganó a Villarreal la elección para gobernador.
Como lo hemos publicado con anterioridad, desde 1990 hasta 1997, prácticamente todas las propiedades de Rosendo Villarreal estuvieron hipotecadas o embargadas, según se puede comprobar en el Registro Público de la Propiedad (asientos registrales 9211 Libro 30-B I y 3266 Libro 11-A-I; 9338 Libro 32-A-I; 8879 Libro 30-A-II; 2258 Libro 7G-I; 17552 Libro176 Sección II S.C.; 2135 Libro 7a-II; 33373 Libro 34 Sección II S.C.; 7898 Libro 79 Secc. II; 5784 Libro 58 S.C.; 11847 Libro 119 Secc. II S.C.).
  
LAS TROPELÍAS DE VILLAREAL DÁVILA Con éste mismo título el Diario del Golfo que circula en Coatzacoalcos, Veracruz, publicó en la columna “Contexto Político” que firma Roberto Pérez, que “el artífice principal del nuevo Contrato Individual de Trabajo (CIT) de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, es Rosendo Villareal Dávila, quien surgió del PAN y ahí ha encontrado cobijo a sus tropelías.“De concretarse la firma del CIT por parte de los trabajadores de confianza, de la cual existe una fuerte oposición al interior de la paraestatal, hasta del propio personal jurídico, los petroleros quedaría en auténtico estado de indefensión, producto de este nefasto personaje.“Parte de su historia ya circula en varias páginas de Internet y hasta en correos electrónicos de particulares, para alertar a los trabajadores y no firmar el nuevo CIT.
“Rosendo Villareal Dávila, director corporativo de administración de PEMEX, a pesar de estar presuntamente involucrado en la entrega millonaria de recursos de la paraestatal al sindicato petrolero, no fue llamado a cuentas, solo se aplicó una multa e inhabilitación al ex director Raúl Muñoz Leos y a Juan Carlos Soriano.
“Pero Juan Carlos, quien fungió como abogado general de PEMEX, mencionó en su comparencia el pasado 30 de julio a Rosendo Villareal, como el funcionario que autorizó de manera ilegal el pago de más de mil 724 millones al sindicato petrolero, y extrañamente no fue requerido para comparecer.
“Y es que efectivamente, en la autorización del 17 de agosto del 2005, existe la firma de Rosendo Villareal y también el aval del consejo de administración de PEMEX, según consta en la declaración ante la Secretaría de la Función Pública.
“Originario de Saltillo, Villareal Dávila fue un pésimo edil y mal administrador de los recursos públicos, pero su sobrino Manuel López Villareal pago la deuda al lograr la alcaldía y dio carpetazo a la investigación de la Contaduría Mayor de Hacienda.
“Después de la alcaldía, fue senador y posteriormente contralor interno de la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa (SECODAM), junto a Francisco Barrios Terraza, después paso a ser director corporativo de administración de PEMEX, hasta la fecha.
“Como legislador, durante el salinismo, insistió investigar los procesos de desincorporación de la paraestatal, particularmente una planta en el complejo Pajaritos, aquí en Coatzacoalcos, que fue adquirida por la familia de Rogelio Montemayor Seguy, quien en 1993 le ganó la elección a gobernador.“En 1999 se reportó a la dirección de auditorias la enajenación como desecho de la planta de Metil Ter Butil Éter (MTBE), aditivo que oxigena la gasolina y reduce la emisión de monóxido de carbono, producto estratégico para la producción de gasolina marga sin. “El contrato fue adjudicado a OXIMEX, con el propósito de encubrir un fraude de la empresa Productos Ecológicos S. A. de C. V. (PROESA), propiedad de su sobrino Héctor René Garza Villareal, así como de Alfredo Miguel Afif y Andrés Conesa Ruiz, cuñado del senador priísta, Francisco Labastida Ochoa.“El contrato con PROESA fue firmado el 13 de abril de 1993 y modificado en 1994 y 1998, consistía en la compra de MTBE, incluyendo el desarrollo y financiamiento del proyecto, se acordó que esa inversión se amortizaría a 15 años, pese a que la Ley de Adquisiciones permitía un plazo máximo de 3 años. “Desde un principio PROESA incumplió con el acuerdo, pero jamás se le sancionó ni le rescindieron el contrato, así que el 5 de agosto de 1998 se decidió enajenar la planta, a través de la licitación se adjudicó a la empresa Oxigenantes de México S. A. de C. V. (OXIMEX), cuyos dueños resultaron ser los mismos de PROESA.“A pesar de seguir usufructuando la planta con otra razón social, PROESA demandó a PEMEX por 417 millones de dólares por incumplimiento del contrato, así que Rogelio Montemayor, entonces director de la paraestatal, buscó la conciliación y tuvo que pagar 146 millones de dólares”.

 

Próximamente se presentará el libro: PANISMO, NEGOCIOS Y DOBLE MORAL EN COAHUILA.

Autor: Conrado García Jamin